El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha tenido conocimiento del dictamen que el Consejo Consultivo ha remitido a la Consejería de Presidencia en el que se cuestionan aspectos clave de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional.
Según el dictamen del Consejo Consultivo, esta ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que la introducción de vetos a la contratación con medios condenados mediante sentencia firme supone una invasión competencial que puede desembocar en su nulidad jurídica. Asimismo, el informe señala que limitar al 33 % de su facturación anual la cantidad que un medio puede recibir a través de contratos de publicidad institucional carece de respaldo en la legislación básica estatal es un procedimiento arbitrario que va en contra de la libre concurrencia de los medios a las campañas. El informe recoge que esta restricción también vulnera el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, y señala la invasión de competencias exclusivas del Estado en la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica.
En su resolución, el Consejo Consultivo señala que, a pesar de los riesgos legales advertidos, la Junta de Castilla y León está obligada a aplicar dicha ley y que tendrán que ser las empresas periodísticas afectadas quienes recurran ante los tribunales los puntos que consideren contrarios a derecho.
A este respecto, el colegio recuerda que ya advirtió a los parlamentarios antes de su votación los problemas que podría acarrear la aprobación del texto presentado, y que solicitó a todos los grupos que participaron en su redacción la necesidad de lograr un consenso para la mejora de su articulado, petición que fue ignorada.
Ante esta situación, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León volverá a reunirse con la Dirección de Comunicación de la Junta para conocer cómo llevará a cabo la aplicación de la ley, y también retomará el contacto con los grupos parlamentarios de las Cortes para solicitarles que trabajen en la búsqueda de un consenso que haga posible las modificaciones legales necesarias para terminar con la situación de inseguridad que ha provocado la aprobación de la norma en sus términos actuales, y que puede llevar al cierre de muchos medios de comunicación, afectando así a la pluralidad informativa en Castilla y León.