En relación a la publicación de los audios de las conversaciones entre el excomisario Villarejo y profesionales y responsables de medios de comunicación, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León junto a los colegios de periodistas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia y País Vasco quieren manifestar su profundo rechazo a las prácticas que de estas grabaciones parecen deducirse y que resultan intolerables en un periodista, que debe ante todo garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
No por obvio debe ser ignorado: los periodistas deben contrastar la información y no publicar jamás aquella que se considere falsa; y en caso de confirmarse la falsedad, corregir con la mayor prontitud y con la máxima proyección posible. Además, la difusión de informaciones de las que se conoce su falsedad y la connivencia con los poderes ocultos, organizados en lo que se ha dado en llamar “cloacas del Estado”, son totalmente contrarias a la deontología de la profesión. La utilización de los medios en beneficio de intereses espurios va mucho más allá del derecho a una línea editorial, totalmente legítimo, para adentrarse en prácticas incompatibles con el ejercicio de algo que pueda llamarse periodismo.
La Red de Colegios de Periodistas quiere destacar que estas prácticas, aun siendo minoritarias en el ámbito de la comunicación, no ayudan a mejorar la credibilidad de una profesión que no pasa por su momento de mayor prestigio. Precisamente por ello es imperativo que el conjunto del periodismo exprese con rotundidad su repulsa hacia estos comportamientos alejados de la ética profesional, que ponen el peligro el libre desarrollo de la democracia.
Frente a las presiones y a los intentos de utilización de los medios de comunicación por parte de grupos de poder, los Colegios de Periodistas somos los principales interesados en la total transparencia del ecosistema informativo. Una ciudadanía informada de los posibles intereses de los grupos mediáticos es la mejor garantía de que las y los profesionales puedan desarrollar su labor informativa con independencia y así el periodismo podrá seguir ejerciendo su papel como garante de la democracia y no convertirse en otro instrumento del poder.